(Editorial del diario mexicano La Jornada www.lajornada.unam.mx )
Tras haberse sometido a un referendo revocatorio y haberlo superado con éxito, a principios del mes pasado, el gobierno bolivano encabezado por Evo Morales enfrenta ahora una conjura subversiva en la que confluyen las oligarquías regionalistas del país y el gobierno de Estados Unidos, la cual pretende derrocar a la autoridad nacional democráticamente electa y ratificada en las urnas en agosto.
La confrontación entre el gobierno popular de Evo Morales y la oposición derechista, cuyas principales caras visibles son los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, empezó como un conjunto de reivindicaciones autonomistas, escaló en meses recientes a saqueos, bloqueos de carreteras, violentas tomas de aeropuertos y edificios gubernamentales y atentados contra gasoductos. La participación de la embajada estadunidense en La Paz en esos actos de desestabilización era tan evidente que Morales declaró persona non grata al embajador Philip Goldberg.
El jueves pasado, en las cercanías de Cobija, capital de Pando, unos 26 campesinos que acudían a una asamblea de apoyo al gobierno de La Paz fueron masacrados y el jefe del Ejecutivo atribuyó el crimen a sicarios peruanos y brasileños que habrían actuado en connivencia con el prefecto local, por lo que ordenó la implantación del estado de sitio en ese departamento, en donde los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y opositores ha dejado un saldo global de una treintena de muertos.
Con ese telón de fondo, ambas partes iniciaron ayer una ronda de pláticas y los bloqueos carreteros fueron temporalmente suspendidos. Es poco probable, sin embargo, que se logre desactivar en la mesa de negociaciones lo que, disfrazado de falsos regionalismos o de reivindicaciones fiscales de los prefectos rebeldes, constituye, en realidad, un plan para derribar por medio de la fuerza al gobierno de La Paz.
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